SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA EN CHIAPAS: UNA OPORTUNIDAD PARA SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO Y GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO
Mayo de 2026
El Derecho al Agua y Saneamiento en Chiapas
La armonización de la legislación estatal en materia de agua, derivada de la reforma a la Ley General de Aguas (LGA), representa una oportunidad histórica para fortalecer la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento en Chiapas. El proceso abre una ventana para reconocer jurídicamente los sistemas que las comunidades han construido para gestionar el acceso, la disponibilidad y el saneamiento del agua desde el territorio y mejorar con esto la gobernanza hídrica.
De acuerdo con CONAGUA (2025), la cobertura de agua potable en Chiapas es del 89.9% (6.2 puntos por debajo del promedio nacional), mientras que el tratamiento de aguas residuales es inferior al 30%. Aunque el volumen concesionado supera los 13,000 litros por segundo (lps), la producción efectiva de agua potable es menor a 10,000 lps. Esta brecha de más de 3,000 lps no se explica por falta del recurso, sino por limitaciones en la capacidad técnica, de infraestructura y de gestión. En conjunto, estos datos indican que uno de los principales desafíos en la gestión del agua no es la escasez, sino la capacidad institucional y operativa para garantizar un acceso equitativo, continuo y de calidad a la población.
En este contexto, la integración de los sistemas comunitarios en la gestión del agua constituye una vía viable para garantizar el derecho al agua y saneamiento. El proceso de armonización y reglamentación de la legislación estatal derivado de la LGA —en particular su artículo 24[1]— nos coloca frente a una oportunidad única para reconocer estas estructuras organizativas, dotarles de personalidad jurídica y acceso a recursos, así como incorporarlas formalmente en los esquemas de gobernanza hídrica.
A partir de nuestra experiencia en Hábitat para la Humanidad México en el territorio, presentamos algunos planteamientos para orientar este proceso normativo y de gobernanza.
Sistemas comunitarios y gestión del agua: evidencia desde el territorio
Somos parte de Hábitat para la Humanidad, una red internacional con 50 años de existencia y con presencia en más de 60 países, hemos alcanzado a más de 65 millones de personas en el mundo construyendo, rehabilitando o financiando su vivienda. Somos la OSC más grande e importante en el mundo que trabaja y aboga por los derechos a la vivienda adecuada y al agua y saneamiento.
En México, hemos alcanzado, desde 1989, a casi un millón y medio de personas en 3, 500 comunidades en 27 estados del país con soluciones de vivienda, dando acceso al agua y saneamiento, o mejorando el acceso a financiamiento, junto con nuestro Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda.
Nuestra organización ha acompañado a 35 comunidades en la zona costera del Istmo, donde estructuras organizativas comunitarias, mayoritariamente lideradas por mujeres, participan junto con las autoridades, en la gestión de sus sistemas de agua y saneamiento para atender las necesidades locales, así como dar solución a los problemas de provisión y saneamiento.
A partir de 2020, nuestra organización ha implementado cuatro proyectos, en coordinación con gobiernos locales, donantes, academia y organizaciones de la sociedad civil, orientados a garantizar este derecho para más de 150 mil personas. Estos proyectos han concentrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de capacidades para la participación ciudadana en la gestión comunitaria del agua; la implementación de soluciones técnicas a nivel de vivienda; así como en el desarrollo, rehabilitación y mejora de infraestructura comunitaria de agua y saneamiento.
Entre los principales resultados de esta estrategia destacan el fortalecimiento de estructuras organizativas comunitarias para la gestión del agua, la capacitación con enfoque de derechos humanos y género, y la formulación de propuestas surgidas desde el territorio para la expedición de un reglamento ambiental orientado a garantizar el acceso responsable al agua.
La evidencia es clara: las comunidades cuentan con capacidades reales para operar y sostener sus sistemas. No obstante, la ausencia de reconocimiento jurídico limita su acceso a recursos públicos, restringe su participación en la toma de decisiones y compromete la sostenibilidad de estas soluciones. La armonización legislativa es, por tanto, una oportunidad para cerrar esta brecha entre la práctica comunitaria y el marco normativo.
Propuesta para una gobernanza del agua centrada en las personas
Con base en nuestra experiencia en territorio, consideramos prioritario que la nueva legislación estatal incorpore los siguientes elementos:
- Reconocimiento jurídico. Reconocer legalmente los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, con una definición alineada a la LGA que refleje su origen comunitario, su organización bajo sistemas normativos autónomos y su carácter no lucrativo.
- Personalidad jurídica simplificada. Establecer procedimientos de registro accesibles y sencillos que otorguen personalidad jurídica sin requisitos desproporcionados, reconociendo las formas organizativas existentes y los sistemas normativos autónomos.
- Acceso a recursos públicos. Crear esquemas transparentes, con mecanismos de rendición de cuentas, que garanticen el acceso a recursos públicos para el funcionamiento de estos sistemas, incluyendo asistencia técnica, financiamiento para infraestructura y capacitación en gestión y administración.
- Participación efectiva en la gobernanza. Incorporar a los sistemas comunitarios como actores con voz y voto en las instituciones de gobernanza del agua, asegurando su participación en los Comités y Consejos de Cuenca, los órganos municipales de gestión del agua, así como en los mecanismos de planeación hídrica de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS) y CONAGUA.
- Igualdad de género. Integrar criterios de paridad en la conformación y funcionamiento de los sistemas comunitarios, reconociendo el papel central que las mujeres desempeñan en la gestión del agua a nivel comunitario.
Adicionalmente, es indispensable que el proceso de armonización incorpore mecanismos de participación efectiva de comunidades y organizaciones que las acompañan. La construcción de una ley funcional y legítima requiere integrar la voz de las comunidades.
Es tiempo de poner a las comunidades en el primer plano
Hábitat para la Humanidad México solicita muy atentamente al Gobierno del Estado y al Congreso de Chiapas considerar las recomendaciones aquí expuestas en el proceso de armonización y reglamentación, y en particular exhorta a:
- Realizar audiencias públicas y establecer espacios de diálogo efectivos que integren las propuestas y experiencias de comunidades, organizaciones de la sociedad civil y academia, garantizando su incorporación en el proceso legislativo.
- Emitir, dentro de los plazos establecidos, la reglamentación necesaria para el reconocimiento jurídico, registro, integración con criterios de paridad de género, acceso a recursos y fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento.
- Asegurar la participación formal de los comités comunitarios en los órganos colegiados de planeación, gestión y evaluación de la política hídrica, con atribuciones claras y mecanismos operativos de incidencia.
Asimismo, hacemos un llamado a la sociedad civil, y en particular a las comunidades rurales e indígenas del estado de Chiapas, a participar activamente en este proceso, articulando sus propuestas y demandas para demandar su integración en la toma de decisiones públicas.
Nuestra organización reitera su disposición para contribuir, desde su experiencia técnica y de trabajo en territorio, al fortalecimiento normativo y de gobernanza que garantice el derecho humano al agua y saneamiento.
La consolidación de un marco normativo que articule capacidades institucionales y comunitarias permitirá avanzar hacia una gobernanza del agua que integre la participación ciudadana, contribuyendo así a una gestión centrada en las personas y en el ejercicio pleno de sus derechos.
[1] “La Federación, las entidades federativas y los municipios son responsables de la planeación, buen manejo y administración de los recursos hídricos propiedad de la Nación, por medio de las instituciones y sistemas comunitarios de agua y saneamiento, acorde con lo establecido en la presente Ley” (LGA, 2025, Art. 24).
